El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes.
Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales.
Existió falta de competencia de las autoridades militares para ejercer funciones de control del cumplimiento de la ley.
La suspensión de garantías fue incompatible con las obligaciones internacionales de Honduras.
El peligro potencial no pareció haber sido suficientemente grave como para justificar el estado de excepción.
LO QUE RECOMIENDA
Revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita.
Dar similar tratamiento a los temas de libertad de expresión, derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del Poder Judicial, la Ley de policía y convivencia social, y la Ley de estado de sitio.
Formular un plan de acción nacional de derechos humanos" y "evitar el uso de la fuerza militar en funciones de control del cumplimiento de la ley".
Establecer un mecanismo nacional independiente encargado de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario