TEGUCIGALPA (AFP) - La plataforma de Derechos Humanos creó la llamada "Comisión de Verdad" para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Honduras ocurridas tras el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya hace exactamente un año.
Esta comisión, paralela a la Comisión de la Verdad establecida oficialmente para investigar qué pasó antes durante y después del golpe, se centrará en las violaciones de los derechos humanos "cometidas contra miles de hondureños y hondureñas" a lo largo de este año, según sus organizadores.
"La Comisión de Verdad busca dignificar a las víctimas, documentando las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el período señalado", aseguran.
"Hemos cifrado grandes esperanzas en esta Comisión, que es una respuesta a las necesidades de muchas víctimas que están esperando resarcimiento de las violaciones a las que han sido sometidas, es una búsqueda de la verdad de la justicia", dijo a la AFP Claudia Pinada, de la sección hondureña de la organización FIAN Internacional (Combatiendo el hambre con los derechos humanos), que forma parte de esta plataforma.
La misión de los diez miembros que la integran, entre los que se encuentran el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y su compatriota Nora Cortiñas, del Movimiento Abuelas de la Plaza de Mayo, es documentar los casos de violaciones y crímenes y establecer "los patrones de dichos crímenes".
La delegación esperan tener concluido el informe para junio del próximo año, dijo Pineda.
Desde 28 de junio del pasado año, las fuerzas del orden han efectuado más de 3.000 detenciones, y unas 300 personas han sido enviadas a juicio, según el abogado Norman Reaños, miembro de la Resistencia contra el golpe.
En declaraciones a la AFP, agregó que "todos han sido liberados".
Tampoco hay cifras oficiales de las personas que han perdido la vida en su lucha con la resistencia al golpe, el movimiento que se formó para pedir el regreso de Manuel Zelaya y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos humanos las cifran en más de un centenar, la mayoría camufladas, según ellos, como asesinatos de la delincuencia común.
Muchas otras han tenido que abandonar el país para evitar la persecución política, que -según Reaños- persiste con el gobierno de Porfirio Lobo, que asumió la presidencia el 27 de enero.
Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo (58 por cada 100.000 habitantes), y según varios observadores durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti hubo represión.
Asimismo, actualmente hay denuncias sobre persecución de periodistas y abogados, de la que se responsabiliza en buena parte a los cárteles del narcotráfico.
Nueve periodistas han sido asesinados este año, cinco en 2009, y dos entre 2000 y 2008.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) llamó este lunes al gobierno de Lobo a "reinstaurar el imperio de la ley en Honduras y poner fin a este sentimiento creciente de impunidad", destacó su directora adjunta Alison Bethel McKenzie, citada en un comunicado de la organización con sede en Viena.
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